Escrito por Juan Carlos Aparicio

Hablemos claro: el próximo Presidente de El Salvador deberá concretar un Pacto Fiscal con los sectores y la población. Dicho esto de forma sencilla y directa, implica en el fondo una tarea inextricablemente compleja, no sólo por su dimensión sino por el balance que debe procurar su logro. Equilibrio y punto.

¿Pero es que acaso no son los impuestos la mejor herramienta que tiene un gobierno nacional o local para crear los grandes proyectos de país o los peores descalabros conocidos?. Para muestra un ejemplo, durante la administración del presidente Duarte en los años ochenta existía toda una variedad de especies tributarias, una jungla de leyes y reglamentos que llevaron al sostenimiento de una de las burocracias más terribles que haya conocido el país. Impuesto a las donaciones, a las herencias, a la propiedad, a determinados bienes de consumo, a las importaciones de aquellos considerados “de lujo” como automóviles tipo sedan (y de verdad se volvieron de lujo, tan altos impuestos los hacían extremadamente caros), al café, el famoso impuesto de guerra (sembrado en la gasolina) y en fin, impuestos para todo y todos, que volvieron a la población mayormente evasora y al gobierno democristiano mayormente corrupto.

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Con el cambio de rumbo a la llegada del presidente Cristiani, como era de esperar, se dio al traste con buena parte del sistema fiscal de su antecesor, basándose en una reforma que no fue pactada sino decidida e impuesta por instituciones locales y supranacionales, manteniendo vigente todo aquello que en cualquier forma no gravara el capital, considerando éste el motor de la economía y por lo tanto habría que dispensarlo, se diseñó un esquema basado prioritariamente en dos impuestos: IVA y Renta. Los impuestos ya mencionados, que gravan el ingreso personal y el consumo, solo fueron una extensión de la Ley de Renta y la de Timbres y Papel Sellado que ya existían. La novedad consistió únicamente en lo primero, desgravar el capital de sus cargas impositivas.

Armando Calderón Sol, con su famoso “Pacto de las Ruinas” celebrado en San Andrés, con la complicidad de Joaquín Villalobos y su extinto instituto político, hicieron todo lo que pudieron hacer: aumentar el IVA de diez a trece puntos porcentuales. Simple pero doloroso.

Luego Francisco Flores y su recordado “golpe de timón”, que sorprendiendo a una población atónita frente a sus televisores, anunciaba sin preámbulos que entraba la dolarización y un Código de leyes fiscales, que a fin de cuentas se trataba solo de una reforma administrativa en la recaudación de impuestos.

El presidente Saca quiso profundizar tal reforma administrativa con resultados conocidos: Un Ministro que dejó su cargo en una nube de opiniones publicadas por distintos medios, sobre presiones de ciertos sectores que vieron amenazados sus intereses. Y punto.

Alguien tiene que ceder

Un pacto fiscal. No lo ha habido hasta la fecha. Es obvio cuando se piensa en el costo político que representa. Veamos: En concreto el Estado tiene menos ingresos debido en parte a un esquema fiscal primario que se viene acomodando desde la época de los gobiernos militares anteriores a la guerra. La Balanza de Pagos es negativa. Caen las remesas. Cae el consumo interno. Por otro lado, las necesidades sociales presionan para que se gaste cada vez más en atenderlas. En este entorno solo cabe una solución: o alguien se aprieta el cincho o el cincho se le aprieta a alguien. ¿Estamos preparados para una reducción de salarios colectiva o a frenar el gasto para el llamado desarrollo sostenible o a saquear las grandes reservas públicas y privadas? Nunca. Entonces ¿Estamos preparados para ceder intereses personales, adoptar modos más austeros de vida, practicar una solidaridad sincera y la tolerancia? Si no es así, es natural explicarse los niveles de violencia social en este país. Se quiere todo y se quiere ya, como el Tirano de la Trona.

Alguien tiene que ceder y no es de esperar que lo hagan los que más necesitan, un pacto implica necesariamente justicia y este principio de por sí, requiere de forma natural tomar más de donde más existe, no puede ser de otro modo, lo contrario es desviarse del concepto común y desencadenar, así como sucedió en la Francia de 1789, una presión social desbordante.

De los actuales candidatos, solo he escuhado a Mauricio Funes hablar de la necesidad de un pacto fiscal. En sus calcetines nadie pensaría de otro modo. Sin embargo es lo más sensato de cara a la futura gobernabilidad. Puedo imaginar que el candidato mejor que nadie sabe los costos de llegar a actuar como los mandatarios anteriores. Una imposición de Mauricio al estilo de Paco Flores de inmediato sería interpretado como el cumplimiento de las profecías políticas de los detractores de derecha, paralizando el sector económico afín a esta posición. Sostener el sistema fiscal actual y tratar de mejorarlo será como poner tela nueva en paraguas viejo y precipitará los señalamientos de los que aún siguen inconformes. Un pacto fiscal es la plataforma para un nuevo gobierno sobre la base de la equidad.

Equidad significa “el esfuerzo de todos”. Es impensable pretender que las grandes corporaciones cederán solidariamente si a cambio su personal no les apoya con más entrega, responsabilidad y respeto en su trabajo. Si se quiere recibir, primero hay que dar, esto es justicia.

Los impuestos tienen un gran poder, con base a incentivos y desincentivos se puede cambiar un país. El Impuesto Predial propuesto podría, correctamente aplicado, permitir la descentralización territorial y llevar industrias a aquellas poblaciones del interior del país que no tienen potencialidad turística. De eso se trata, pensar en grande trabajando con los pequeños. Alguien pues debe ceder.

A todo esto, creo que me desvié en parte del tema que titula esta entrada. Pero si el amable lector ya ha leído hasta aquí ¿qué más da?

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